Composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación

Mesa de Contratación Permanente:

La Mesa de Contratación se define, según la legislación básica de Contratos de las Administraciones Públicas, como aquel órgano técnico, colegiado y especializado de asistencia al órgano competente de contratación al efecto de objetivar la adjudicación de los contratos licitados por procedimiento abierto o restringido, y que vierte su actuación en propuestas de adjudicación de carácter no vinculantes.

Forma de designación:

El artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP, establece que la Mesa de Contratación es el órgano competente para la valoración de las ofertas, atribuyéndole la asistencia al órgano de contratación para la adjudicación de los contratos en los procedimientos abiertos y restringidos y en los negociados con publicidad. Siendo en los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, potestativa para el órgano de contratación.

Igualmente establece que la Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y un Secretario, y que los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.

El artículo 127 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su redacción de la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local atribuye a la Junta de Gobierno Local las competencias de la contratación, siendo por tanto el Órgano de contratación, sin perjuicio de las delegaciones que conforme al apartado 2º del mismo artículo pudieran acordarse por la misma.

El artículo 21.7 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30-10-2007, de Contratos del Sector Público, establece que para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano de contratación.

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